El Defensor del Pueblo vigilará el estado de las balsas de fosfoyesos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica asegura que va a estar muy pendiente de la restauración y mantenimiento de las balsas de fosfoyesos en desuso y sobre las medidas a adoptar para el confinamiento del cesio en Mendaña, aunque en su informe de 2007 señala que las balsas suponen un "riesgo mínimo" para las aguas y la población tras consultar con los tres organismos oficiales implicados en su gestión: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Consejería de Medio Ambiente.

En su balance, el Defensor, afirma, tras la información aportada por el Consejo de Seguridad Nuclear, que "en la actualidad el riesgo de que se contaminen las aguas de la zona es mínimo", además de asumir que el posible impacto radiológico tanto en trabajadores como para el público "es muy pequeño en comparación con el límite fijado en la normativa vigente". Sí alerta sobre el hecho de que queda una zona de balsas en desuso por recubrir, sobre las que el CSIC reclama en su informe que se eviten "los depósitos de basuras y residuos industriales". También recomienda ampliar el área restaurada y mejorar las zonas revegetadas.

En cuanto al lugar sobre el que se depositaron por accidente las cenizas de Acerinox contaminadas con cesio-137, un isótopo radiactivo. Múgica conoce que "existen ciertas deficiencias", que llevaron al CSN a reclamar a Egmasa un refuerzo de las actuaciones que aseguren el confinamiento de los materiales contaminados y mantengan la adecuada protección radiológica a largo plazo, asegurando también que en la actualidad esta protección está garantizada.

Al respecto,el Defensor considera que "las decisiones adoptadas por el CSN son adecuadas y razonables, pero dada la importancia y sensibilidad del problema planteado, realizará un seguimiento de su ejecución y debido cumplimiento durante 2008". Es por eso que ha decidido proseguir su investigación ante la Junta para "conocer las actuaciones en relación con la restauración y buen mantenimiento de las balsas ya en desuso".

En otro orden de cosas, pero también con relación con Huelva, Múgica señala que considera necesario endurecer las sanciones recogidas en la Ley de Aguas para proteger la calidad del dominio público hidráulico, pues "ni el régimen sancionador de la Ley de Aguas ni su aplicación por parte de la administración hidráulica son suficientemente disuasorios, en especial cuando las infractoras son empresas mercantiles que mientras incumplen la legalidad obtienen beneficios por su actividad.

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