Ni siquiera la Ley de Igualdad ha sido capaz de equiparar los sueldos de hombres y mujeres que desempeñan un mismo trabajo. Si se comparan las nóminas de ambos sexos la diferencia media es del 30% y son ellas las que salen perdiendo. Para controlar esta situación el grupo nacionalista ha planteado una proposición no de ley cuya base es considerar el aspecto salarial cuando se hable de igualdad.
Uno de los principales puntos de la iniciativa es la creación de un servicio especializado para controlar las políticas de igualdad laboral. Este equipo se incorporaría dentro de la Inspección de Trabajo y se encargaría de vigilar los contratos de las empleadas. En caso de que encontrar algún elemento discriminatorio debería emitir una sanción.
Por otra parte, se plantea que en un año se revisen todos los convenios colectivos para corregir las discriminaciones. Además, en seis meses se presentará un Proyecto de Ley de Modificación del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras.
«Hai que introducir estes temas nas negociacións colectivas», apunta Olaia Fernández Davila, diputada en el Congreso. Todavía hay compañías privadas que en sus convenios mantienen distinción de sexo por categorías, según la diputada.
Becarias y auxiliares
En las empresas privadas cuya actividad se mueve en el ámbito del I+D, «elas non pasan de bolseiras ou auxiliares», señala Carme Adán, secretaria xeral de Igualdade. Así, a las mujeres van quedando relegadas a las categorías que perciben los salarios más bajos y aquellos que rondan los 2.000 euros son sólo aptos para el colectivo masculino.
«Xa non só hai barreiras de entrada, senón tamén barreiras de promoción», indica Carme Adán. Para una mujer resulta mucho más complicado acceder a puestos elevados dentro de una compañía. Así, el 70% de los altos cargos continúan en manos de hombres.
En la administración pública el problema no es de equiparación salarial, ya que hombre y mujer cobran lo mismo si pertenecen al mismo nivel. Sin embargo, los cargos de responsabilidad siguen vetados para ellas.
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