La Audiencia Provincial les considera culpables de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a Hacienda en la semi-privatización de la funeraria, pero el Ayuntamiento les mantiene al frente de la misma, publica El País .
Según la sentencia, el ex asesor municipal José Ignacio Rodrigo fue fichado como consultor por el ex concejal de Sanidad y gerente de la funeraria municipal Simón Viñals para que realizara un estudio sobre la situación de la Funeraria. Él tuvo acceso a información privilegiada.
En sus puestos
Ahora Rodrigo es consejero y accionista de Funespaña, compañía que compró el 49% de las acciones de la funeraria por 0,60 euros. El tribunal considera que ese grupo de acciones tiene un valor real de 7,4 millones de euros.
Los empresarios consiguieron burlar a la justicia, por la lentitud del caso, pero según El País, podrían seguir manteniéndose en sus puestos pese a ser delincuentes. El Ayuntamiento ha dicho que sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia.


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