Este contrato, ya anunciado por Mariano Rajoy en la última campaña electoral, se aplicará a todo aquel inmigrante que solicite la primera renovación del permiso de residencia y trabajo, añade la propuesta presentada por el PP en la Cámara Baja para su debate en el Pleno.
El contrato obligaría al retorno del inmigrante a su país de origen si durante un tiempo carece de empleo
La firma del contrato de integración, similar al propuesto por la Generalitat valenciana, también obligará al retorno del inmigrante a su país de origen si durante un tiempo carece de empleo y de medios de subsistencia. A su vez, la Administración se compromete a garantizar al foráneo los mismos derechos y prestaciones que a un español, a ayudarle en su integración, a respetar sus valores y creencias (siempre que no sean contrarias a las españolas), a facilitarle el aprendizaje de la lengua y a encontrar un empleo, así como a colaborar en su retorno.
Mecanismos de evaluación
Otro punto de la proposición no de ley insta al Gobierno a que la puesta en marcha del contrato de integración lleve aparejada la creación de mecanismos de evaluación que permitan un seguimiento adecuado de su implantación.
En la última década, razona la exposición de motivos de la iniciativa, los extranjeros han pasado de 683.000 en 1997 a los actuales 4,5 millones, y en 2007 entraron 725.000.
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