Los etarras detenidos, imputados por los jueces, se enfrentan a 30 años de cárcel

El presunto dirigente de ETA Javier López Peña y otros tres supuestos miembros del aparato político de la banda terrorista, fueron detenidos en el suroeste de Francia esta semana, fueron imputados a última hora de este sábado por numerosos cargos por jueces antiterroristas en París, indicaron a EFE fuentes judiciales.

De López Peña, "Thierry", de casi 50 años, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo tras su arresto que, con toda probabilidad, era la persona con "más peso político y militar" en ETA. También fueron imputados Ainhoa Ozaeta (33 años), Igor Suberbiola (29) y Jon Salaberría (38), detenidos junto a López Peña en un pequeño apartamento de Burdeos el pasado martes por la noche.

Cargos que les imputan

Los cuatro fueron imputados por asociación de malhechores con vistas a preparar actos de terrorismo y por extorsiones en banda organizada.También por receptación de robos, incluso a mano armada, en banda organizada, uso de matrículas falsificadas, documentación falsa, tenencia ilegal de armas y municiones, y tenencia o transporte de productos incendiarios o explosivos y de sustancias que entran en la composición de artefactos explosivos.


Todo ello, en relación con "una empresa individual o colectiva" destinada a "perturbar gravemente el orden público
por medio de la intimidación o el terror".

La pena máxima que conllevan estos delitos (que implican un juicio ante el Tribunal Especial de lo Criminal, y no ante el Correccional) es de
30 años de prisión, según la Fiscalía de París, que pidió para todos el ingreso en prisión preventiva.

Tras su imputación por magistrados antiterroristas, entre ellos Laurence Le Vert, la máxima experta en sumarios de ETA, los cuatro comparecieron ante un juez de las libertades y la detención para que dictara su
ingreso en prisión preventiva.

Un quinto imputado

También fue imputado, pero por menos cargos, el francés Louis Fort, de 75 años, detenido el pasado miércoles en Bayona (País Vasco francés), y que, según fuentes de la investigación, alquiló en agosto de 2007 el apartamento de Burdeos. Procesado por asociación de malhechores con fines terroristas, entre otros cargos, Fort quedó en libertad bajo control judicial, aunque la Fiscalía había pedido su ingreso en prisión.

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