Los trabajadores de los muelles también dejaron de trabajar por los planes para privatizar parte de su industria, acentuando las dificultades a las que se enfrenta el presidente, Nicolas Sarkozy, en su intento por modernizar la economía y reducir el gasto del estado.
En una extraña muestra de unidad, los ocho mayores sindicatos franceses convocaron a sus miembros a tomar las calles en docenas de ciudades para oponerse a la decisión del Gobierno de elevar a 41 los años que los franceses tienen que trabajar antes de jubilarse, frente a los 40 necesarios actualmente.
'Cuarenta años ya es demasiado', gritaron los manifestantes al comienzo de la mayor manifestación, en París.
'No queremos morir en el trabajo', cantaban otros.
La CGT, el sindicato más grande, estimó que más de 700.000 personas habían participado en las 153 manifestaciones en todo el país. La policía situó la cifra en menos de 300.000.
'La movilización en favor de un sistema de pensiones basado en la solidaridad es incuestionablemente un éxito', dijo la CGT.
Más de un millón de personas tomaron las calles durante la última protesta contra la reforma de las pensiones en 2003, y el pasado noviembre los trabajadores del transporte realizaron una huelga de nueve días contra los planes para acabar con los derechos especiales de pensiones para los trabajadores del sector estatal.
Sin embargo parecía haber poco apetito para una gran manifestación en esta ocasión.
El transporte público en las dos principales ciudades, París y Lyon, se vio poco afectado.
Los sindicatos esperan aprovechar ese descontento y obligar al Gobierno a dar marcha atrás con la reforma a las pensiones.
Pero el Gobierno insiste en que la mejora en la expectativa de vida, junto a las debilitadas finanzas públicas, significan que la edad de jubilación debe elevarse, como ocurre en el resto de Europa.
Quienes se oponen a esa visión dicen que el problema real es que muchas compañías se desprenden sistemáticamente de trabajadores de más de 50 años, que entonces reciben generosos beneficios hasta que pueden jubilarse formalmente, y sostienen que el Gobierno debería afrontar ese problema primero.
/Por Crispian Balmer/
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