El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según fuentes diplomáticas.
Entre las medidas que contempla la nueva directiva, la más polémica es la que permite prolongar el periodo de reclusión de los 'sin papeles' hasta un máximo de 18 meses.
En España, el plazo máximo de retención actual es de 40 días, por lo que la ampliación incluida en la nueva directiva ha sido calificada de "desproporcionada" por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "Estamos hablando de una infracción administrativa, no de un delito", afirmó al respecto Mauricio Valiente, secretario general de CEAR.
Pactado por unanimidad
Nueve países comunitarios (Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda) no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que estos pueden estar internados de forma indefinida.
El texto pactado por unanimidad entre los embajadores de los Veintisiete ante la UE debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera un debate muy arduo, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior a comienzos de junio.


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