Representantes de Amnistía Internacional (AI) comparecieron en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para presentar sus recomendaciones concretas en materia de prevención de la tortura y los malos tratos.
Este organismo pro-derechos humanos propone la realización de auditorias externas que confirmen que las investigaciones internas que realiza la propia Policía vasca se ajustan a la normativa internacional.
En representación de AI, Daniel Añua recomendó al Departamento vasco de Interior que 'emita directrices inequívocas que exijan a los agentes de la Ertzaintza informar de los casos de torturas o malos tratos de los que tengan conocimiento'.
En caso de que la Ertzaintza no informe, Añua opinó que 'la estructura de mando debe responder del cumplimiento de esas directrices y aplicar sanciones rigurosas'.
AI recomendó, además, que en la Cámara de Vitoria se suspenda 'del servicio activo a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley que esté siendo objeto de investigación'.
El grupo de derechos humanos reconoce que la tortura no es 'una práctica habitual', aunque señala que tampoco es 'insólita'.
Así, proponen que los agentes permanezcan identificados con sus placas durante todo el periodo de detención y que no utilicen capuchas durante los interrogatorios.
El representante de AI, Andrés Krakenberger comenzó su intervención condenando el asesinato por parte de ETA del agente de la Guardia Civil Juan María Piñuel, así como de la actividad de ETA.
Negó que denunciar torturas y recomendar medidas para acabar con ellas sea una ataque al trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Estado de Derecho.
PSOE Y PP SE NIEGAN A CONSIDERAR LA PETICIÓN
Todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y PSE, se avinieron a estudiar las recomendaciones.
Por parte socialista, su portavoz, Rodolfo Ares, sugirió a AI que investigue las vulneraciones de derechos humanos que comete ETA y le invitó a vivir unos días con los amenazados que llevan escolta.
Desde el PP, Carmelo Barrio, dijo que estas propuestas dificultan el trabajo policial para erradicar el terrorismo y consideró que el Estado de Derecho dispone de 'mecanismos más que suficientes' que permiten resguardar los derechos de los detenidos.
/Por Arantza Goyoaga/
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