'No son aceptables las declaraciones de ministros que interfieren en las actividades de un gobierno elegido por los ciudadanos italianos, especialmente en materia de inmigración, que necesita una cooperación estrechísima entre España e Italia', declaró Frattini en una entrevista de radio.
'Francamente, ya es hora de terminar con esta invasión de campo (político)', agregó.
Frattini se estaba refiriendo a las declaraciones realizadas el viernes por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que criticó las políticas previstas por el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi hacia la inmigración ilegal.
'El Gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia', dijo De la Vega.
El gobierno italiano está ultimando leyes de inmigración que podrían incluir la reinstauración de controles fronterizos, la conversión de la inmigración ilegal en un delito susceptible de cárcel, la aceleración de las deportaciones y la transformación de los centros de acogida en campos de detención.
Estas medidas se toman después de unas elecciones en las que los delitos cometidos por extranjeros, sobre todo gitanos, se convirtieron en un importante asunto político. La policía arrestó a 400 supuestos inmigrantes ilegales vinculados con delitos en una ofensiva la semana pasada.
Algunos italianos se han tomado la justicia por su mano. Un campamento ilegal de gitanos en Nápoles tuvo que ser evacuado después de que los locales prendieran fuego a las chabolas tras las noticias de que supuestamente una chica gitana trato de secuestrar a un bebé italiano.
Las declaraciones de De la Vega provocaron una petición de explicaciones de Roma, por lo cual el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, tuvo que llamar desde Lima al embajador italiano en España, Pasquale Terracciano, para aclarar el incidente.


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