García-Calvo, que se opuso a casi todas las resoluciones recientes del tribunal que tenían un perfil político, como el respaldo a la Ley contra la Violencia de Género la semana pasada, murió en su domicilio de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón por causas no desveladas, según fuentes del Constitucional.
El magistrado conservador había sido recusado junto a Jorge Rodríguez Zapata a petición del Gobierno por entenderse que no era imparcial para juzgar la reforma de la Ley Orgánica del TC, que promovió el Ejecutivo y está impugnada por el Partido Popular.
Ambos jueces habían mostrado su discrepancia con una ley que, entre otras cosas, ampliaba el mandato del presidente del tribunal - en la actualidad María Emilia Casas - y del vicepresidente hasta su renovación.
El Tribunal Constitucional estaba formado hasta ahora por doce magistrados, divididos en seis considerados conservadores y seis progresistas, según diversos medios. En las recientes deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, ese equilibrio había quedado roto tras la recusación del juez Pablo Pérez Tremps, progresista. Con la muerte de García-Calvo, la correlación vuelve a ser igualitaria entre ambos sectores en lo que se refiere al tema del Estatut.
En otros asuntos de inminente deliberación, como la Ley del matrimonio homosexual, la muerte de García-Calvo inclina la balanza en favor de los progresistas.
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