El marido de la fallecida, Cristóbal P., declinó precisar la cuantía de la indemnización concedida, pero aseguró que la resolución del SAS, que inició de oficio una investigación tras la muerte de su esposa, determinó la existencia de una responsabilidad patrimonial de la Administración por el "desproporcionado resultado" entre la asistencia sanitaria y el fallecimiento de la paciente.
En enero de 2006, Carmen D.L. recibió en el hospital Carlos Haya de Málaga un riñón procedente de un varón de 41 años que había muerto el día anterior a causa de un accidente cerebro vascular y del que también se donó el otro riñón a un joven almeriense de 32 años.
La fallecida, según su cónyuge, sintió desde el primer momento "un gran malestar" que los médicos achacaron al rechazo del órgano, hasta que, en diciembre de 2006, el receptor del otro riñón ingresó en el Carlos Haya con nódulos en los pulmones y la cabeza que, según desvelaron las pruebas, se habían infectado por un tumor procedente del riñón trasplantado y que le ocasionaron la muerte.
El centro citó entonces de urgencia a Carmen D.L., enfermera de profesión, para practicarle las correspondientes pruebas y constató que el cáncer estaba extendido por las mismas zonas que en el caso del joven, por lo que inició un tratamiento de quimioterapia que, según la familia, "rebajó aún más" sus defensas y no pudo evitar que falleciera.
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