Es este un objetivo que los ministerios del Interior de varios países europeos tratan de sacar adelante desde antes, incluso, que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE UU. Desde entonces, sin embargo, las presiones de los gobiernos europeos se han intensificado para que se apruebe una directiva que obligue a las operadoras de telecomunicaciones a almacenar más información de las comunicaciones electrónicas como correos electrónicos, navegación por Internet, llamadas desde fijo y desde móviles, etc. y para que aumenten las atribuciones de los cuerpos de seguridad para acceder a ese tipo de información.
Hasta ahora, este tipo de comunicaciones (por ejemplo, a qué número se llama, cuánto dura la llamada, etc.) se guardan por un periodo máximo de un año y con el único propósito de permitir tareas de facturación a las operadoras. El cambio que se pretende es notable, puesto que ese almacenamiento será con el objetivo de la vigilancia policial.
En declaraciones a la BBC, Clarke explicó que los atentados del pasado jueves en Londres ponen en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad hasta nuevos límites. El ministro considera crucial que las fuerzas de seguridad tengan acceso a registros de llamadas, mensajes de texto por teléfono móvil y correos electrónicos.
"Los registros de telecomunicaciones, sean por teléfono o correo electrónico, que revelan qué llamada se hizo desde que número a qué otro número y a qué hora, son de mucha utilidad para los servicios de seguridad", argumentó.
"No me refiero al contenido de las llamadas, sino al hecho de que se hiciera la llamada en cuestión", aclaró el ministro, para añadir que esos registros, que las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a facilitar a la Policía, deberían además conservarse por algún tiempo.
La introducción de esa medida, que Clarke planteará el miércoles a sus colegas europeos, sería un paso inédito en el Reino Unido, un país en que los derechos a la intimidad y la libertad individual se consideran preciados tesoros.




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