Bermejo niega que el problema de Justicia sea de colapso

'Lo que tenemos es un problema, endémico, de lentitud y retraso, pero no es un colapso o un enorme caos', dijo Bermejo en una rueda de prensa en Madrid para explicar el informe de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del martes en el que se da cuenta de un enorme atasco en los juzgados.

'Las cosas no están bien, pero dar una imagen de caos y colapso no es una realidad', añadió el titular de Justicia, refiriéndose a los grandes titulares de algunos medios de comunicación reflejando la caótica situación por la que atraviesa la justicia española.

'Independientemente de que en algún órgano en concreto pueda existir una situación parecida sino caótica sí colapsada, esa no es una regla generalizada', dijo.

El informe del Servicio de Inspección del CGPJ pide con urgencia la implantación de un sistema informático que permita controlar las distintas fases de los procedimientos y establecer una serie de alarmas para prevenir a los magistrados en casos graves, como el reciente 'caso Mari Luz', en el que una niña de cinco años murió en Huelva presuntamente a manos de un pederasta sobre el que pendía una condena que no se ejecutó.

Bermejo dijo también que el nuevo sistema informático, llamado Minerva, en el que se lleva muchos meses trabajando, entrará en su fase de pruebas en un plazo breve.

En cualquier caso, el titular de Justicia explicó que no es corrector afirmar que hay sentencias paralizadas, sin ejecutar, porque la ejecución es un proceso que se caracteriza por ser duradero, y que, aunque no tiene porqué ser lento, se compone de muchos, variados y, a veces, complejos actos.

'No es en absoluto anómalo que una sentencia tarde en ejecutarse años', dijo, poniendo como ejemplo que en lo penal cuando alguien es condenado a 30 años, la ejecución de esa sentencia termina con el cumplimiento de la condena.

Bermejo dijo que el ministerio estaba comprometido con la modernización de la gestión de los tribunales, donde el atasco se ha sentido especialmente en los Juzgados de lo Penal Ordinarios, en los que hay un 70,25% de sentencias pendientes de ejecución.