Al incrementarse las pensiones mínimas hasta 528,55€ (por encima del IPC), el abono social (una reducción del 30% de la cuota de alta de la línea telefónica y del 95% de la cuota mensual) ya no se puede aplicar (salvo en los supuestos de los 470.000 usuarios con pensiones no contributivas y los 420.000 del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI)), dando lugar a que numerosas personas que antes disfrutaban de ese servicio, se encuentren ahora con que Telefónica les deniega el mismo por no cumplir los requisitos.

Ya en 2003 un informe del Defensor del Pueblo instaba al Gobierno a realizar una modificación en la legislación, sin embargo, esta petición no fue atendida por el ejecutivo cuando quedó fuera de este beneficio el colectivo de pensionistas con cónyuge a cargo.

UCE reclama la vuelta a la situación anterior a 2002 para que todos estos usuarios puedan seguir beneficiándose del abono social, que permitía reducir la tarifa telefónica a casi tres millones de clientes.