Según Lamela, en este asunto no se debe olvidar "algo muy importante", que responde a que tanto la Comunidad de Madrid, como la Consejería de Interior y Metro llevan "mucho tiempo, muchos años, diciendo que las Fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional debe vigilar a Metro, que debe bajar al Metro".
Hechos absolutamente inadmisibles
Lamela recordó que esta petición se la han hecho al Ministerio de Interior, y a la delegada del Gobierno en la región, Soledad Mestre, tanto por escrito como verbalmente en reuniones, "y hasta la fecha, una vez más --la respuesta-- ha sido no".
Asimismo, mantuvo que en el tema de las agresiones, el único criterio posible es el de "tolerancia cero" porque estos hechos son "absolutamente inadmisibles" y aseguró que el compromiso del Gobierno de Madrid es poner todos los medios a su alcance para que estas agresiones no se produzcan, "y si se producen, sean perseguidos, denunciados, y sancionados como dice la Ley, que es lo que hay que hacer".
Metro denunciará las agresiones
Por otro lado, indicó que Metro ha confiado en las empresas de seguridad contratadas (más de 2.000 vigilantes trabajan por toda la Red de Metro) pero apuntó que dichas empresas "no estuvieron a la altura y no hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer".
"(Las empresas) no sólo tenían que asumir la responsabilidad de echar a estas personas del trabajo sino también investigar y denunciar a la autoridad policial y judicial estas conductas", apostilló.
Por ello, aseguró que la decisión de Metro de Madrid es que a partir de ahora, la propia compañía asumirá la responsabilidad de denuncia, "con independencia de la denuncia que puedan hacer las empresas de seguridad", para evitar que esto pueda volver a suceder.
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