El pacto, el primero de este tipo y considerado por las Naciones Unidas el primer tratado de los nuevos derechos humanos del siglo XXI, entró en vigor 30 días después de ser ratificado por los 20 países que lo han firmado. Esa cifra se ha incrementado desde entonces a 25, pero entre esos países no figuran ni Estados Unidos ni Rusia.
En un comunicado el mes pasado, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó la aplicación del pacto, menos de dos años después de su adopción en la Asamblea General, de un 'momento histórico'.
Ban dijo que mostraba que el mundo estaba comprometido a combatir las 'prácticas deshumanizantes que violan los derechos humanos de las personas con minusvalías'.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, de 32 páginas, declara ilegal toda forma de discriminación laboral por incapacidad, incluida la contratación, la promoción y las condiciones laborales. Obliga además a un salario igualitario para trabajos de igual valor.
El texto pide también a los países firmantes que promuevan el empleo de personas minusválidas, también a través de programas de 'acción afirmativa' que les favorezcan.
El pacto estipula que los discapacitados no pueden ser excluidos de los principales sistemas educativos y exige que los gobiernos les proporcionen acceso físico al transporte, escuelas, viviendas, instalaciones médicas y centros de trabajo.
Hasta ahora, 127 de los 192 miembros de la ONU han firmado el texto, pero sólo algo más de la mitad de ellos han rubricado un anexo que permite a los individuos y grupos quejarse ante las Naciones Unidas de que los gobiernos no aplican las medidas.
En tales casos, un comité de la ONU remitirá la queja al gobierno correspondiente, que debe responder por escrito dando una explicación en un plazo de seis meses.
Las autoridades estadounidenses dijeron que el documento era más débil que el Acta Estadounidense para los Discapacitados de 1991 y por eso podría complicar la aplicación de la ley.
Los responsables de la ONU dijeron que la nueva convención no creaba nuevos derechos, pero quería asegurarse de que se garantizaban todos los beneficios de los derechos actuales.
'Las personas con discapacidades han sufrido rutinariamente discriminación en el mercado laboral, en colegios y al recibir servicios públicos', dijo Akiko Ito, responsable de la ONU especializado en el tema.
'Esta convención asegurará de que estas personas no sean ignoradas más', añadió.
/Por Patrick Worsnip/
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