Ceder una vivienda protegida a otra persona, utilizarla para disfrutar de ella sólo unos meses al año, venderla sin que supere el período necesario para descalificarlo, o realquilarlo sin permiso a un precio superior al permitido, son algunas de las prácticas contra las que llevan años luchando las distintas administraciones públicas.
Algunas ilegalidades suponen para el infractor multas bastante elevadas, y los fraudes o incumplimientos contractuales más graves implican la pérdida de la Vivienda de Protección Oficial.
Ante este fraude masivo, el Ministerio de Vivienda y las diferentes comunidades autónomas, que tienen transferida esta competencia, se han puesto manos a la obra para endurecer la legislación y reforzar los servicios de inspección.




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