Esta pena, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, supone que Carmelo Vega, quien deberá pagar también las costas del proceso, no podrá ejercer ningún cargo público, bien de elección o designación política, en ninguna administración pública durante el tiempo que dure la condena.

La sentencia relata que a las dos de la tarde del 2 de diciembre de 2004 cinco concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santa Brígida solicitaron la convocatoria de pleno extraordinario para debatir la actuación que tuvo el alcalde y el teniente de alcalde Antonio Díaz Hernández en determinados actos financieros.

En la convocatoria solicitaban también someter a votación la dimisión de ambos. Como alcalde del municipio de Santa Brígida, Carmelo Vega convocó el pleno extraordinario y urgente para ese mismo día a las 16 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento, con la excusa de que el teniente de alcalde tenía que viajar al día siguiente a Cuba.

Debido a la inmediatez del pleno, dos de la concejales que habían pedido la reunión no fueron localizadas ni pudieron acudir al pleno, que finalmente desestimó la petición de dimisión del primer edil y el teniente de alcalde.

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