El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha encargado al Servicio de inspección la elaboración de un informe sobre la situación en que se encuentran actualmente los cuatro Juzgados de Ejecutorias penales de Madrid, según ha informado este órgano.
Hernando ha adoptado esta decisión tras la publicación este miércoles en El País de una información que denuncia la saturación que existe en dichos Juzgados y en la que el juez Eduardo López-Palop afirma que su juzgado acumula 7.000 sentencias pendientes de ejecución.
En una nota de prensa, el CGPJ ha señalado que ante el retraso detectado a comienzos del año 2005 en la tramitación realizada por los cuatro juzgados de ejecutorias penales de Madrid, los vocales delegados para el Plan de Urgencia se reunieron con sus titulares para reforzar sus juzgados y solicitarles un mayor esfuerzo.
De esta forma, la Comisión Permanente del Consejo acordó el 19 de junio de 2005 medidas de refuerzo para los Juzgados de lo Penal números 2,4,7 y 12 de Madrid, duplicando en cada uno de ellos el número de magistrados, secretarios judiciales y funcionarios de secretaría, algunos de ellos en régimen de prolongación de jornada, por el plazo de seis meses.
Esas medidas se fueron renovando desde entonces hasta finales de 2007 sin que al órgano de gobierno de los jueces le conste la solicitud actual de una nueva prórroga.
Caso Alovera
Por otro lado, el citado diario informa este jueves que el estado de descontrol en el que estaba sumido el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz -encargado del caso de Alovera- se debió a la asunción de las competencias de violencia sobre la mujer en 2005. Esos nuevos casos se sumaron a las causas civiles y penales que le correspondían hasta entonces y que no dejó de tramitar.


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