Los miembros de este grupo habían constituido dos empresas ficticias que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y 2.000 euros.
Cobraban prestaciones de desempleo o maternidad
Los cabecillas de este grupo, de origen nigeriano, convencían a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con esta finalidad. Uno de los investigados era el encargado de contactar con las víctimas, proporcionarles la documentación que debían firmar y presentarla en las Oficinas de Extranjeros.
Los falsos contratos y los periodos de carencia permitían a los trabajadores acceder a prestaciones por desempleo o maternidad. Incluso, muchos de estos extranjeros, tras el alta, habían realizado abonos periódicos de unos 300 euros mensuales a las falsas empresas en concepto de Seguros Sociales, cantidades que los estafadores se apropiaban después. El fraude a la Seguridad Social sobrepasó los 660.000 euros.
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