Vistos los problemas legales que han tenido algunas embarazadas por abortar, el departamento de Salud prevé dar garantías jurídicas a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo a partir de la semana número 22 , así como a los profesionales que las asistan. La medida, no obstante, se aplicará sólo en los casos de fetos con malformaciones.
En España el aborto es un delito salvo en tres supuestos: violación denunciada, "graves taras físicas o psíquicas del feto" y "grave peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la madre". Hay 12 semanas de plazo para el primer supuesto y 22 para el segundo, pero no hay limitación temporal para el tercero.
«Ahora las mujeres se acogen a razones de salud psíquica cuando los motivos reales son socioeconómicos u otros. Entonces se marchan a la privada. Pero las reglas deben ser las mismas que en la red pública», comentó la directora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, Maria Casado.
El departamento que dirige Marina Geli ha pedido un dictamen jurídico para que los expertos aclaren las rendijas que tiene la legislación estatal actual para que después no se persiga a las pacientes ni a los médicos, como pasó con las clínicas del doctor Morín. Un comité de profesionales analizará cada caso individualmente.
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