Levante amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si no se recupera el proyecto original del trasvase derogado por el Gobierno de Zapatero. Y eso que el Estatuto aragonés recoge una cláusula en contra de cualquier tipo de trasvase.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, Francisco Camps y Ramón Valcárcel, tomaron ayer esta decisión tras una reunión que duró más de tres horas, y en la que decidieron también no emprender movilizaciones contra la aportación de agua a Barcelona, pero sí respaldar las que surjan.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Soraya Rodríguez, aseguró que la cesión de agua desde el Ebro a Barcelona a través de una tubería es una solución temporal, que se desarrollará a partir de octubre de este año y hasta junio de 2009, hasta que empiece a funcionar la desalinizadora de El Prat.

Sin embargo, afirmó que la tubería tendrá un carácter permanente, por si existiera un fallo en la futura desaladora de El Prat. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aseguró ayer que tendría que «actuar en consecuencia» si los informes jurídicos que ha solicitado revelan que esta operación sea un trasvase.

Jesús Miguel Franco, portavoz del PSOE, afirmó por su parte que «no es lo mismo» desarrollar un trasvase a Levante que «esta situación de emergencia por seis meses».

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