El acuerdo del Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para el trasvase de agua desde el delta del Ebro para el suministro de Barcelona ha desatado una cascada de reacciones. Mientras las comunidades autónomas de Valencia y Murcia reclaman igualdad de trato, Aragón ha mostrado su oposición a esta medida.
El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), calificó ayer la medida de "provocación" hacia estos territorios y planteó la posibilidad de realizar actuaciones conjuntas de presión. Además, resucitó el Plan Hidrológico Nacional, que aprobó el PP y derogó el PSOE cuando llegó al Gobierno, al reclamar un gran trasvase del Ebro.
El Gobierno valenciano, también en manos del PP, anunció que estudiaría la posibilidad de tomar medidas legales para "hacer extensible" al sureste peninsular el trasvase.
Aragón se opone
El Gobierno socialista de Aragón ha sido más contenido, pero también el único que se ha opuesto formalmente al trasvase. Su presidente, Marcelino Iglesias, dijo que actuarían con "seriedad y precisión", pero ya se ha anunciado un informe jurídico para saber si la medida vulnera el nuevo Estatuto aragonés. "Queremos tener todos los informes y, a partir de ahí, tomaremos las decisiones que correspondan", señaló Iglesias.
Lo haría si fuese un trasvase, algo que la ministra del área, Elena Espinosa, niega: "Se puede demostrar que no es trasvase". La titular de Medio Ambiente, Rural y Marino también ha rechazado las críticas recibidas recordando otras medidas similares: "En la legislatura anterior este mismo método se ha aplicado tanto a la Comunidad Valenciana como a Murcia, y fueron casi 135 hectómetros cúbicos".
El PP pide que comparezca ZP
La recién designada portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la solicitud de su partido para la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que explique su "rectificación en la política de aguas" y si va a adoptar medidas similares en otras zonas. Tras recordar el difunto Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro que incluía, Santamaría pidió que se aplique el principio de igualdad y acusó al presidente de "sembrar la discordia y el enfrentamiento" y de mentir sobre la política del agua.
5 preguntas sobre la guerra del agua
1.-¿Cuándo comenzó?
El PP aprobó en 2001 el Plan Hidrológico Nacional, que incluía el trasvase de 1.000 hectómetros cúbicos al año desde el Ebro a Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Barcelona. Fue derogado por el PSOE cuando llegó al Gobierno en 2004.
2.-¿Por qué el Gobierno no lo llama trasvase?
Es una cuestión política por la oposición que el PSOE ha manifestado a los trasvases. El Gobierno apela a que no se obtiene el agua directamente del Ebro, sino de lo que se venía perdiendo en el regadío. Sin embargo, supone trasladar caudal de una cuenca a otra; por lo tanto, es un trasvase.
3.- ¿Cómo será el trasvase a Barcelona?
Captará el agua modernizando los regadíos del entorno del Ebro. Ese caudal será el que se transporte para el abastecimiento de la población de Barcelona. Las obras de la tubería de transporte, que correrá paralela a la AP-7, se ejecutarán de mayo a octubre.
4.-¿Qué piden Murcia y Valencia?
Que se recupere, en mayor o menor medida, el plan del trasvase del Ebro como fue concebido para disponer de agua suficiente para el consumo y el regadío.
5.-¿Por qué está en contra Aragón?
Su nuevo Estatuto señala que los poderes públicos aragoneses han de velar «para evitar transferencias de aguas» de las cuencas hidrográficas de las que forma parte, como es el caso de la del Ebro.
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