De este modo, Yasna Provoste, militante del Partido Demócrata Cristiano, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años. Los desórdenes administrativos que detectó la Contraloría General de la República suman 260.000 millones de pesos (553,19 millones de dólares), cuyo principal responsable, el secretario ministerial de Santiago, Alejandro Traverso, renunció al cargo.
"Conciliaciones bancarias"
Según explicó en su oportunidad la destituida ministra, se trataba de "conciliaciones bancarias" que no estaban efectuadas y que fueron aclaradas "a total conformidad ante el organismo contralor". Este miércoles los 38 senadores de gobierno y oposición fundamentaron su voto en una maratoniana sesión a la que asistieron gran parte de los ministros del gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet, en señal de apoyo a la saliente ministra.
El pasado 3 de abril, la Cámara de Diputados -tras escuchar la presentación de la acusación y la defensa- había aprobado la acusación por 59 votos a favor, 55 en contra y dos abstenciones. La destituida ministra, quien ha insistido en su inocencia y ha contado con el respaldo pleno del Gobierno, prefirió enfrentar la acusación en el Senado a renunciar al cargo.
Según el Gobierno y la coalición oficialista, Provoste fue víctima de una maniobra política, pues a su juicio la acusación careció absolutamente de bases jurídicas.
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