La aparición de al menos cuarenta peces muertos en el estuario del Bajo Guadalquivir, en el tramo existente entre el Bajo de Guía y la Calzada de los Infantes, en el término municipal de Sanlúcar, sigue avivando el temor sobre la contaminación de las aguas del río y su repercusión en los cultivos acuícolas y la actividad pesquera que se desarrolla en esta zona.
Las explicaciones de la alcaldesa de la localidad, Irene García, tras la primera denuncia ecologista sobre la turbidez de las aguas del río, no ha convencido a los conservacionistas. El informe de la Junta de Andalucía presentado por la primera edil, que descartaba la existencia de componentes tóxicos en las aguas del Bajo Guadalquivir, ha sido descalificado por su presunto carácter sesgado.
Según explicó el coordinador de Ecologistas en Acción, José Manuel Franco, este informe se remite a un análisis de la cuenca del río, y no del estuario. "El 25 de abril se cumple el décimo aniversario del vertido de Aznalcóllar. No sabemos qué ocurriría si se remueve el cieno del río", apuntó.
"El informe asegura que no hay elevación de sustancias tóxicas en el agua, pero puede que estén estabilizadas, y eso es algo que tampoco sabemos", continuó argumentando Franco.
Los ecologistas esperan que desde el Ayuntamiento se den explicaciones y garantías a todos los colectivos implicados, desde los pescadores, a los empresarios turísticos, las asociaciones de vecinos o los propios conservacionistas.
El informe autonómico sí admite que los niveles de suspensión de materiales sólidos en las aguas del estuario del Guadalquivir son veinte veces superiores a lo normal. Y ello, unido a la aparición de especies marinas muertas, es suficiente para preocupar a todos los que viven de este preciado recurso natural.
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