La fiscalía anticorrupción de Baleares investiga, desde hace algunos días, unos supuestos encuentros sexuales que habría mantenido el ex edil de Urbanismo de Palma por el Partido Popular, Javier Rodrigo de Santos, acusado en una querella de presunta malversación por usar una tarjeta de crédito oficial en clubes de alterne homosexuales, con dos jóvenes menores de edad.
Según una información del Diario de Mallorca, las familias de al menos dos adolescentes han informado a la fiscalía del caso y en medios próximos a la investigación se ha definido el asunto como algo "muy delicado", que se intenta esclarecer, pero que "podría no ir más lejos".
Acerca de esta nueva línea de investigación de la fiscalía anticorrupción apenas ha trascendido que las imputaciones contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma no se refieren a contactos mantenidos en clubes de alterne. También se ha descartado que la tercera investigación guarde relación con expedientes o temas relacionados con la gestión de De Santos en su cargo de responsable del urbanismo palmesano y, más en concreto, con la presidencia de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos de Palma (EMOP).
La fiscalía ha iniciado sus pesquisas tras los datos aportados por las familias de los jóvenes. Al parecer, dos madres de chicos menores de 18 años han informado de la relación de sus hijos con el político conservador. De momento, no ha trascendido si las dos familias están dispuestas a ir más allá en este asunto y denunciar formalmente los casos.
Adicto a las drogas y al sexo duro
Javier Rodrigo de Santos compareció el pasado jueves en el juzgado de instrucción 5 en las diligencias previas, abiertas por la jueza Ana María San José, por presunta malversación de caudales públicos en clubes de alterne homosexuales de Palma y Madrid.
El antiguo edil se ha definido, según asegura el diario mallorquín, como una persona adicta a las drogas y al sexo duro y, voluntariamente, ha ingresado en una clínica privada de Madrid para someterse a un tratamiento terapéutico que se presume durará varios meses. El imputado ha reconocido los hechos y ha devuelto a las arcas municipales 50.804 euros, con la promesa de reintegrar más cargos irregulares si aparecen en el transcurso de las pesquisas.
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