Las organizaciones Agaden, Verdemar y la Plataforma de Ciudadanos rodeados por las fábricas han justificado esta medida debido a las ilegalidades e irregularidades urbanísticas y medioambientales que se suceden en el ayuntamiento barreño.
Han emprendido acciones judiciales y administrativas como consecuencia de todas las obras ilegales llevadas a cabo en el municipio de Los Barrios, como son la Finca Gertrudis donde se instalará la multinacional LPC, y la parcela 4 del Polígono de Guadarranque, donde quieren instalar la fabrica de Polisilicio.
Según los colectivos conservacionistas de la comarca, el Ayuntamiento de Los Barrios, los constructores y los promotores deberían ser sancionados por el desmonte en un suelo acogido al plan especial de protección de medio físico de la provincia de Cádiz.
Por otra parte, La Delegación de Medio Ambiente ha abierto un expediente sancionador al Consistorio barreño por el que deberá pagar una multa de 100.000 euros por la tala de 12 y 20 hectáreas de acebuche y algarrobo.
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