El desalojo de la penúltima explotación ganadera de Alboraya (Valencia) acabó ayer como el rosario de la aurora. El litigio tiene su origen en la construcción de una carretera que dará acceso a la fábrica Lladró, en Tavernes Blanques.
Los propietarios de la granja recibieron el apoyo de unos 50 agricultores contra la ejecución de la expropiación. Al final, Guardia Civil, Policía Local y antidisturbios se presentaron en la granja. Dos personas resultaron heridas por golpes y empujones.
La familia Gimeno, propietaria de la nave, asegura que no han cobrado porque rechazaron la oferta inicial por insuficiente, y exigen claridad y legalidad a las administraciones. Fuentes municipales aseguraron que el Ayuntamiento se limitó a enviar a la Policía Local para «garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial».
«Ahora veremos de qué comemos», se lamentaba Carmen Gimeno. «Vivimos en la alquería de enfrente, y nos van a dejar sin agua del pozo». No sólo la huerta, sino también las granjas, desaparecen en Valencia.
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