Hoy miércoles ha entrado en vigor en Cataluña la Ley de la Vivienda, nacida para impulsar la protección oficial y la colocación de pisos vacíos en un mercado muy encarecido.
Otro, el registro de demandantes de pisos sociales, debía estar terminado en febrero, de manera que se desconoce todavía el perfil de los futuros solicitantes.
Dos decretos
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, prepara además dos decretos. El primero determinará bajo qué condiciones se dará una cédula de habitabilidad. El segundo marcará las zonas con mayor presión y en las que se aplicaría el alquiler forzoso.
El PP recurrió último aspecto ha sido recurrido al Tribunal Constitucional. El alquiler forzoso es una fórmula a la que se llegaría si un piso permanece vacío durante dos años y sus propietarios se niegan a alquilarlo. La Generalitat lo pondría en el mercado pero los dueños cobrarían una renta.
La Generalitat considera que la Ley de Vivienda es clave para que se acaben construyendo los 160.000 pisos de protección oficial que se prevén en el Plan Nacional de la Vivienda, antes de 2016.
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria cargó contra la ley que entra en vigor. Su presidente, Joan Ollé, cree que debería haberse publicado "hace tres años, llega en un momento complicado y es muy detallada", por lo que "supone una carga".
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