Los automovilistas de algunas provincias viven "en un paraíso fiscal"

  • Ocurre lo mismo en Melilla, Ceuta, Soria, Zamora, Pamplona, Palencia, Cáceres y Las Palmas.
  • Así lo revela un estudio de Automovilistas Europeos Asociados.
  • Detectadas importantes diferencias entre los distintos ayuntamientos españoles.

Un estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados, que ha analizado las diferencias de fiscalidad entre las distintas capitales españolas, en lo que al impuesto municipal sobre vehículos se refiere, refleja que los automovilistas de Cuenca pueden considerar que viven en "un paraíso fiscal", junto a los de Melilla, Ceuta, Soria, Zamora, Pamplona, Palencia, Cáceres, Huelva y Las Palmas.

El estudio también detalla que los asturianos pagarán este año más de 40 millones de euros en impuestos locales, y pone de manifiesto diferencias importantes en este tipo de impuesto entre regiones. Así, en 2008 los automovilistas residentes en Barcelona pagarán un 11,7 % más en impuestos locales que los empadronados en Madrid; un 18,1 % más que los residentes en Valencia o un 73,8% más que los domiciliados en Soria. Este impuesto fue creado en España hace dieciocho años y genera unos ingresos anuales de 2.013 millones de euros a las haciendas locales.

Libertad para fijar tarifas

La ley permite a cada ayuntamiento fijar libremente su tarifa dentro de unos márgenes. "Y es esta facultad discrecional en su informe-, lo que ha dado lugar a que se creen en España verdaderos 'paraísos fiscales' en relación con el pago de este impuesto municipal", señalaron desde AEA a través de una nota de prensa. Según el estudio de AEA un vehículo tipo medio, por ejemplo de 11 caballos de potencia fiscal, como por ejemplo uno de más vendidos el año pasado como el Renault Megane con motor 1.6, paga en el Ayuntamiento de Melilla 17,04 euros; en Madrid 61 euros y en San Sebastián 72,97 euros.

Es decir un 328 % más caro en San Sebastián que en Melilla. En Oviedo, ese mismo coche paga 59,70 euros. Entre los ayuntamientos españoles más caros, además de San Sebastián, AEA cita en su informe los de Barcelona, Tarragona, Lleida, Palma, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca y Bilbao. Por el contrario, entre los que podrían considerarse "un paraíso fiscal" estarían Melilla, Ceuta, Soria, Zamora, Pamplona, Palencia, Cáceres, Huelva , Las Palmas y Cuenca.

Respecto de las motocicletas las diferencias son aún mayores. Una motocicleta de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros. Sin embargo en San Sebastián este mismo vehículo paga 64,64 euros, es decir un 326% más caro. En todo caso, según el informe de AEA las diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de distintas comunidades autónomas sino también entre ayuntamientos de una misma provincia.

Así por ejemplo la tarifa que cobra el municipio serrano de Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid capital; o dentro de Cataluña, la que cobra el municipio de Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a la de Barcelona.

Sin indicativo provincial

AEA explica que el origen de este fenómeno de "los paraísos fiscales" hay que buscarlo en la eliminación del indicativo provincial de las matrículas españolas, en septiembre del 2000. La alta fiscalidad que mantienen algunos ayuntamientos, como el de Barcelona o San Sebastián, ha motivado el que miles de automovilistas cambien su lugar de empadronamiento para matricular los vehículos en municipios con una menor presión fiscal, aunque no circulen realmente por ellos.

Quienes iniciaron masivamente este éxodo hacía los llamados "paraísos fiscales" fueron los propietarios de grandes flotas de vehículos destinados al alquiler de coches y al renting. Las cifras de matriculaciones en determinados municipios así lo demuestran.

"Mientras que el censo de población en estos ayuntamientos apenas sufre variación, el parque automovilístico aumenta geométricamente con incrementos de más de un 2000 por cien", señalaron desde AEA.

Tal es el caso de algunos municipios españoles, con una población de entre 120 y 11.000 habitantes, en los que se matriculan más del 20% del total de coches de empresa de toda España por su privilegiado tratamiento fiscal.

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