Un tribunal de Argentina ha sentenciado a penas de 8 y 7 años de cárcel a un matrimonio por el robo de bebés durante la última dictadura militar, al término del primer juicio en el país en el que una hija de desaparecidos se querella contra las personas que se apropiaron de ella.
Además de a la pareja que integran Osvaldo Rivas, condenado a 8 años, y María Cristina Gómez Pinto, condenada a 7 años, la justicia sentenció a 10 años al militar retirado Enrique Berthier, quien en 1978 entregó al matrimonio a la actual querellante, María Eugenia Sampallo Barragán.
Ninguno de los tres imputados quiso hablar antes de conocer el veredicto del Tribunal Federal Cinco, circunstancia que lamentó el abogado de la querellante, Tomás Ojea Quintana. "Lamentamos que no hayan aprovechado la oportunidad que les dio el tribunal de arrepentirse y, sobre todo, de brindar información acerca del origen de María Eugenia", dijo el letrado.
Las condenas fueron impuestas bajo cargos de retención y ocultamiento de una menor de 10 años y, en el caso de Rivas y Berthier, falsificación de documento público.Los tres imputados estaban acusados de los
La joven, que actualmente tiene 30 años, había pedido el lunes pasado que los delitos atribuidos a los imputados fueran considerados de "lesa humanidad" en el juicio, que comenzó el pasado 19 de febrero.
Tanto la acusación particular como la Fiscalía habían solicitado una condena de 25 años de cárcel para el matrimonio y el militar acusado de ser quien arrancó a Sampallo de los brazos de su madre biológica para entregarla a la pareja Rivas-Gómez Pinto.
Por su parte, la defensa de los acusados pidió su absolución, al alegar que "no podían tener conocimiento" del origen de la niña y que habían prescrito los cargos que se les imputan.
La pareja reveló a María Eugenia que no eran sus verdaderos padres cuando la chica tenía siete años, pero le ocultaron su origen dándole diversas versiones, como que su madre había muerto en un accidente o que era azafata y vivía en Europa.
Durante el juicio, la joven contó los malos tratos a los que era sometida durante su infancia,
especialmente por parte de María Cristina Gómez Pinto.
Las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyos abogados patrocinan a Sampallo, calculan que unos 500 hijos de desaparecidos fueron robados a sus padres cuando estaban en cautiverio.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en Argentina durante el último gobierno de facto, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
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