Dos médicos y la psiquiatra de Clínica Isadora de Madrid declararán este viernes ante el juez tras ser imputados por la posible comisión de abortos ilegales. Sin embargo, los agentes del Seprona de la Guardia Civil que llevaron a cabo las inspecciones en dicho centro podrían haber incurrido en irregularidades, según denuncia el diario El País.

De acuerdo con este rotativo, los agentes desobedecieron a un juez de guardia y ocultaron información a otros dos para propiciar que el caso Isadora terminara en los tribunales.

¿Mala gestión o abortos ilegales?

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2007, cuando dos guardias civiles inspeccionaron el centro. A raiz de esta investigación, los agentes concluyeron que los residuos se estaban gestionando mal al tratarlos como biosanitarios -aseguran que habían hallado restos humanos en contenedores- y no como funerarios -la ley obliga a que sean incinerados-.En el oficio abierto ante un juez de guardia, la Guardia Civil informó de que los contenedores habían sido inmovilizados. Pero, también, hace referencia en el mismo a indicios de

Esto provoca que el magistrado deniegue la autorización solicitada de que el Instituto Anatómico Forense investigue los restos humanos, ya que "no procede", e incluso censure al jefe de los agentes pidiéndole que deje de "elucubrar" sobre abortos ilegales.

Sin embargo, los agentes no informaron de la decisión del juez a la clínica ni a Sanidad, y logran que estos últimos accedan a abrir los bidones para analizar su contenido, contra lo esblecido por el magistrado.

El botín de los bidones

Los bidones contienen restos humanos y "un blíster vacío de 10 comprimidos de Cydotec", medicamento de uso indebido para la interrupción del embarazo. Con esta nueva información, los agentes logran que un juzgado de guardia autorice el

El caso llegó aún más lejos, ya que el Seproma, afirma El País, siguió investigando por su cuenta e identificó a algunas pacientes de la clínica por los nombres en los botes de formol. Sin esperar a ninguna orden, citaron a las mujeres como testigos y les pidieron detalles sobre sus abortos a pesar de que, supuestamente, los interrogatorios tenían como objetivo investigar un posible asunto de vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Las mujeres, incluso, tuvieron que declarar ante el Juzgado de Instrucción 47 de Madrid "como testigos".

El caso sigue hoy ante el juez. Los dos médicos y la psquiatra de la Clínica Isadora que han sido imputados denuncian una "instrucción inquisitorial" y comparan su situación con la del doctor Montes, protagonista del caso Severo Ochoa de Madrid .