Varios medios informaron de que Fernández-Bermejo había convocado a los representantes sindicales para una reunión el viernes, pero este extremo no fue confirmado por un portavoz del ministerio.
El representante de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, Julio Lacuerda, dijo que el Gobierno, con el que se alcanzó un principio de acuerdo a principios de semana, tenía que hacer lo posible para solucionar un conflicto que ha paralizado actividades básicas de los juzgados.
'Este sindicato ha decidido proceder a la desconvocatoria de la huelga si en el plazo de 48 horas el Gobierno se compromete a abrir una negociación seria y rigurosa que posibilite la solución', dijo Lacuerda en rueda de prensa.
Los funcionarios de Justicia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias rechazaron el miércoles una oferta del ministerio para poner fin a una huelga con la que reclaman una homologación salarial con los trabajadores de las administraciones cuyas competencias sí han sido transferidas.
El 85,71 por ciento de los trabajadores rechazaron la propuesta del ministerio: una subida de 140 euros con efecto de este año, desglosados en: 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más que serían abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009.
Además, Justicia proponía que otros 40 euros se empezaran a pagar en abril del año que viene, lo que supondría un aumento total de 180 euros mensuales.
El titular de Justicia dijo el jueves que estaba abierto a la negociación, pese a criticar el 'incumplimiento contractual' del pacto y calificar de 'fraude' un referéndum en el que, dijo, sólo se permitió votar a quienes seguían en huelga.
'La primera negociación que tiene que haber evidentemente es la de que el referéndum fraudulento se transforme en un referéndum de verdad y conozcamos exactamente cual es la opinión de aquellos a quienes se ha impedido votar', dijo Bermejo en rueda de prensa en Madrid.
Por otra parte, Javier Hernández, representante de Comisiones Obreras, dijo que su sindicato exigía la presencia del ministro en la mesa de negociación y un cambio de actitud hacia los huelguistas.
Los paros, durante los cuales ha habido 12 reuniones de la mesa de negociación con los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ, ha paralizado la realización de actividades básicas como registros de nacimiento, bodas o defunciones, así como numerosos trámites administrativos, como la concesión de ayudas de maternidad o paternidad.
Al paro están convocados unos 9.500 trabajadores de siete comunidades - Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias -, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de los órganos centrales con sede en Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.


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