Durante el juicio por estos hechos, celebrado el pasado 5 de marzo, la acusada, Marta Arocena, reconoció que fue contratada por su hermano en 1975 y que durante los treinta años siguientes desempeñó labores de secretaria y de instrumentista en las operaciones que efectuaba el urólogo, quien está inhabilitado por "grave abandono de sus obligaciones médicas" desde 2006.
Aquel año, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España suspendió a Fernando Arocena por veinte años, a raíz de una denuncia de varios pacientes a los que, según el acuerdo de inhabilitación, el urólogo no transmitió "la realidad de sus situaciones", les proporcionó información falsa y les realizó "intervenciones que no se debieron practicar".
Fernando Arocena, especialista en Urología y cirujano desde hace 40 años, fue fundador de la Policlínica de Guipúzcoa y urólogo en este centro así como en el Hospital Donostia de Osakidetza, además de profesor de la Universidad del País Vasco antes de ser inhabilitado.
La sentencia que ahora le condena a él y a su hermana por intrusismo explica que, aunque la acusada trabajaba para el urólogo desde 1975, en 1981 se dio de alta en el régimen de trabajadores autónomos del sector de la "confección de prendas de vestir" hasta 1993, fecha en la que el cirujano le hizo un contrato indefinido como "auxiliar de clínica".
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