Esta medida preventiva, que podrá ser recurrida por la empresa en la Audiencia Provincial de A Coruña, respalda la tesis que había defendido la Abogacía del Estado, que era partidaria de ir contra el entramado empresarial existente en torno al petrolero.
Por este motivo, ha decidido imputar a la armadora, como solicitó el Ministerio Fiscal, por entender que ésta "es quien controla las incidencias durante la navegación del barco, negocia el rescate y a quien se dirigen todas las pretensiones posteriores".
Para avalar la implicación de los propietarios del "Prestige", la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión aduce "las continuas comunicaciones" entre el capitán del barco y la empresa armadora que es quien "asume en todo momento el control de los hechos".
Entre las pruebas aportadas para adoptar esta decisión, y que la Abogacía del Estado considera cruciales, destaca el vídeo tomado desde el helicóptero de la Xunta "Pesca II" en el momento en que el "Ría de Vigo" acudió a remolcar al petrolero.
De esta forma, señala que existen motivos "más que suficientes" para determinar la mora, entre ellos el hecho de que el Estado español lleva pagadas indemnizaciones por más de 87 millones de euros.
La titular de este juzgado coruñés pide que la medida cautelar se ejecute mediante el embargo de bienes y activos financieros, cuentas corrientes, dinero en efectivo y otros muebles o inmuebles de que pudieran ser propiedad de la armadora.
Para que se haga efectiva esta solicitud, Souto autoriza a que se apliquen los instrumentos de las correspondientes comisiones rogatorias penales, a través del auxilio judicial en el ámbito de la Unión Europea, para garantizar el pago de las posibles responsabilidades.


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