El juez que condenó a Del Valle por abusar de su hija "creía que cumplía la pena"

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que condenó en 2002 a dos años y nueve meses de prisión al presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle , por abusar de su hija, aseguró este viernes que él creía "sinceramente" que el procesado cumplía la pena porque la sentencia era firme.

Tirado Márquez ha explicado que desde que en marzo de 2006 firmó la orden de ingreso en prisión de Santiago del Valle García hasta el pasado 19 de marzo, nadie le informó de la tramitación, asunto que es competencia de los funcionarios de su juzgado.

Sin embargo, ha aclarado que la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida por la Junta de Andalucía, lo que acarreó un atraso en las seiscientas sentencias que se encuentran en fase de ejecución en su juzgado.

El Juzgado Penal 1 de Sevilla, del que es titular Tirado Márquez, tiene un ingreso anual de 517 nuevas causas, frente al módulo de 450 fijado por el CGPJ, y la funcionaria estuvo de baja a partir de marzo de 2006.

El juez consideró "injustas" algunas de las cosas que se están diciendo "porque no son ciertas" y afirmó que los funcionarios de su juzgado ya están recopilando información del caso para mandarle copia de todas las actuaciones llevadas a cabo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Asimismo, Tirado recordó que cronológicamente Santiago del Valle fue condenado en 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1, si bien dicha sentencia no fue ratificada por la Audiencia sevillana hasta 2005 y no se acordó la ejecución de la misma hasta 2006. 

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenó el jueves la apertura de un procedimiento de información previa sobre la actuación del Penal 1 de Sevilla en cuanto a la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle García por abusos sexuales a su propia hija, toda vez que en marzo de 2006 esta instancia judicial ordenó la averiguación de su paradero rechazando suspender la ejecución de la condena de dos años y nueve meses de prisión que se había dictado en su contra.