En enero de 2005 una explosión de gas en una vivienda de Getafe mató a tres personas. La instalación había sido revisada hasta en cuatro ocasiones, pasando todas por alto que el tubo del gas no estaba enganchado a ningún aparato. Ahora el juez del caso acaba de solicitar una fianza de 6 millones de euros (1.000 millones de pesetas) a los inspectores, que están imputados por homicidio involuntario.

Según informa El País, aún no hay fecha para que los cuatro operarios se sienten en el banquillo, pero ellos, o en su defecto las compañías para las que trabajaban, deberán hacer frente a esta fianza.

Tres muertos y 20 heridos

El piso que originó la tragedia tenía gas natural desde 1993. Gas Natural inspeccionó entonces la toma, pero no la autorizó por dectectar "deficiencias en la evacuación de productos combustibles".

Tiempo después Gas Natural envió a un inspector, que dio de alta el suministro pese a que un tubo estaba sin enganchar. Nadie de la casa utilizaba el gas, pero aún así, cada cierto tiempo venía un inspector oficial y le daba el visto bueno, sin siquiera mirar el tubo.

Cuando los propietarios alquilaron el piso, el nuevo inquilino fue a encender la calefacción de gas y se produjo la explosión que causó los tres muertos, dos mujeres y un bebé, y más de una veintena de heridos.