La sentencia del 'caso Gescartera ' condena a las entidades La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables civiles subsidiarias. Esto significa que , como responsables civiles, están obligadas a indemnizar a los 655 perjudicados del caso. Sin embargo, estos no cobrarán antes de tres años. Mira a continuación todas las claves sobre las indemnizaciones.
¿Por qué la Caixa y Caja Madrid Bolsa tienen que pagar 88 millones?
Gescartera fue en su momento una agencia de valores en la que su función era "mover" en el mercado bursátil el dinero que la gente había invertido a través de distintas entidades como La Caixa o Caja Madrid. Sin embargo, en lugar de conseguir que creciese el bolsillo de los inversores, hicieron desaparecer ese dinero por lo que nadie salvo los recientemente acusados se hicieron millonarios.
En el caso de Caja Madrid Bolsa, aún no se ha fijado la indemnización de la que se tendrá que hacer cargo. Lo que se conoce es que el 10 de noviembre de 1999 hizo un contrato de subcustodia de valores con Gescartera sin exigir poderes específicos de los clientes para la gestión de sus fondos y sin informarles de su existencia, según se pactó y reflejó en el contrato.
¿Qué otras entidades tendrán que pagar?
Junto a estas entidades, también han sido declaradas responsables civiles subsidiarias a las empresas del entorno de la agencia de valores, Gescartera Gestión, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Promociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios, que no podrán hacer frente a los pagos por insolvencia, así como los condenados cuyas cuentas están embargadas desde la intervención por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en junio de 2001.
¿Cuánto dinero real se tendría que indemnizar?
Aunque en un principio se ha establecido que la suma de dinero total sea de 87,9 millones de euros, podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años que tarde en ejecutarse la sentencia.
Todavía queda por determinar las cantidades exactas que tendrán que abonar cada una de las entidades financieras, cuestión que se fijará en el momento de la ejecución definitiva de la sentencia, que podría tardar alrededor unos tres años, después de que el Tribunal Supremo tramite todos los recursos que se presenten contra la sentencia.
En este sentido, ya se conoce que La Caixa formulará "casi con total seguridad" un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender sus intereses dentro de los plazos legales.
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