El tribunal afirma que la concesión del permiso fue inadecuada. Añade que la sociedad (que sufraga el gasto público) debe asumir los daños derivados de los fracasos penitenciarios y no sólo quien lo sufre directamente.
Los jueces estiman que cada progenitor debe recibir la suma de 300.506,05 euros como indemnización.
Miriam, Toñi y Desireé fueron violadas y asesinadas en 1992, en un caso que conmocionó a la opinión pública. La Audiencia considera que Anglés, que está desaparecido, cometió el crimen. El único condenado es Miguel Ricart.
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