Las autoridades chinas reconocieron este viernes que las protestas violentas se extendieron a las provincias con fuerte población tibetana vecinas al Tíbet, en cuya capital Lhasa, detuvieron a 24 personas y 170 se entregaron, según la agencia oficial Xinhua.

La violencia desatada en las provincias de Sichuan y Gansú está estrechamente vinculada a la sucedida en Lhasa y coordinada por la "el Dalai Lama y su camarilla", informaron fuentes gubernamentales locales, citadas por Xinhua.

"Los hechos no fueron coincidencia sino que estuvieron coordinados. Fueron sabotajes bien organizados y premeditados cuyo ulterior motivo es perturbar los Juegos Olímpicos de Pekín, destrozar la paz y estabilidad, y dividir el país", dijo Zhang Yusheng, portavoz del gobierno provincial de Gansú.

Según el periódico oficial Tibet Daily, las dos docenas de sospechosos fueron además arrestados por "poner en peligro la seguridad nacional, golpear, destrozar, saquear y otros crímenes graves", que originaron inestabilidad y violencia.

Condenas de pena de muerte

La cuidada terminología de "crímenes graves" y "atentado contra la seguridad del Estado" alude, según fuentes independientes, a que en China se pueden aplicar a los responsables de estos delitos duras condenas e incluso la pena de muerte.

Las provincias vecinas de Tíbet fueron tomadas por las Fuerzas Armadas y las únicas imágenes que ofrecen la cadena de televisión nacional CCTV es la de camiones militares cruzando calles por las que patrullan decenas de soldados.

La prensa extranjera tiene el acceso vetado no solamente al Tíbet sino a las provincias vecinas, como Sichuan, Gansú o Qinhai, por lo que las informaciones directas son muy difíciles de obtener.