El Estado indemnizará a los padres de las niñas de Alcásser por el permiso penitenciario de Anglés

El ministro de Justicia ha destacado que la Constitución "garantice esa responsabilidad del Estado, cuando por un funcionamiento anormal de la Justicia o por error judicial se causa daño a las personas", y ha añadido que en este caso "lo hay que lamentar es que el daño por la pérdida de las tres adolescentes que perdieron la vida en ese espantoso crimen que recordamos, es irreparable".

En una sentencia notificada el lunes, el tribunal afirma que la concesión del permiso fue gravemente inadecuada y que, al perseguir éstos la resocialización de los presos, el riesgo que asume la sociedad debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos.

La Sala señala que Anglés cometió el crimen de Miriam, Toñi y Desireé a finales de 1992 mientras disfrutaba de permiso penitenciario, de acuerdo a las declaraciones del único condenado por los hechos, Miguel Ricart.

La indemnización que se reconoce a cada padre es de 300.506 euros, es decir, 601.012 euros a cada una de las familias de las niñas, lo que supone una cuantía total de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).

Tras el fallo, la madre de Desirée, Rosa, declaró a la Cadena Ser: "Me han dado la razón de que Anglés tenía que estar encerrado y estaba por ahí y eran responsables, eso es lo que más valoro". "Si no hubiera estado por ahí, a mi hija no le hubiera pasado nada', añadió.

Había manifestado su intención de volver a delinquir

El tribunal aclara que el hecho de que Anglés se encuentre en rebeldía -las Fuerzas de Seguridad creen que murió ahogado en aguas de la costa de Irlanda años después de los crímenes- no les impide pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, pues la ley prevé este tipo de situaciones.

Recuerda que Anglés había sido condenado ya en siete ocasiones y que cumplía una pena de seis años y cuatro meses de prisión por detención ilegal cuando fue clasificado en el segundo grado penitenciario, lo que le permitió obtener permisos de salida, el último de ellos para el periodo comprendido entre el 5 y el 12 de marzo de 1992.

Anglés no volvió a la cárcel en la fecha prevista, pese a lo cual no se ordenó su busca y captura hasta medio año después, el 10 de septiembre, apenas un mes antes de que presuntamente secuestrara, violara y asesinara a las tres niñas.

La sala dice, no obstante, que la Guardia Civil y la Policía le buscaron infructuosamente aun antes de que se lo ordenaran y que su clasificación en el segundo grado penitenciario "era conforme a las circunstancias del momento y a la normativa penitenciaria".

Sin embargo, afirma también que, según se supo después de los hechos, Anglés había manifestado su intención de volver a delinquir cuando saliera de prisión.

"Basta esta circunstancia, demostrativa de que el propósito deliberado de delinquir anterior a la salida de prisión y la consiguiente peligrosidad del interno pasó inadvertida a las autoridades penitenciarias", para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión de un permiso que "se reveló como improcedente", concluye el tribunal.

"El dinero no me va a devolver a mi hija"

Fernando Gómez, padre de Toñi, una de las tres niñas de Alcasse, declaró que los 300.506,5 euros que percibirán del Estado "no me van a cambiar la vida jamás ni devolver a mi hija".

Fernando Gómez, que dijo sentirse abatido, aseguró que la resolución de la Audiencia Nacional supone "recordar otra vez" unos hechos trágicos "que no se van nunca de la mente".

El padre de Toñi expresó también su temor de que, al igual que pasó con Antonio Anglés, pueda haber en cualquier momento algún delincuente que esté de permiso y pueda realizar otro crimen como el de las niñas de Alcasser.