El alcalde de Atarfe, imputado por un presunto delito urbanístico

Segundo caso de presuntas irregularidades urbanísticas en menos de una semana. En esta ocasión, es Víctor Sánchez (PSOE), alcalde de Atarfe, el que está en el punto de mira de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tan es así, que el Ministerio Público ha lanzado su dardo directo a la diana. Ayer, Fiscalía firmaba un decreto por el que denuncia al primer edil de Atarfe por un presunto delito contra la ordenación del territorio al «permitir la construcción de una nave en suelo no urbanizable e intentar consolidar dicha actuación en el nuevo PGOU, extendiendo el límite urbano en zona de valor productivo».

La denuncia se hace efectiva tras practicar las pertinentes investigaciones a raíz de la demanda interpuesta por IU, Ecologistas en Acción y otras dos asociaciones que acusaban al alcalde, además, de cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

El escrito oficial subraya que, «sin perjuicio de la ampliación de la imputación a otros coautores», Víctor Sánchez autorizó una operación alegando un «interés social» que, si bien fue aprobado por el pleno del municipio en 1999 -como justificó Sánchez durante la investigación-, no contaba con los informes favorables de la Delegación de Obras Públicas y de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Resoluciones «ilegales»

Por tanto, «no se dieron los requisitos legales de exigencia básica», y la nave se edificó mediante resoluciones «claramente ilegales». No es la primera vez que es cuestionada la gestión de Víctor Sánchez.

Ocurrió, por ejemplo, con la promoción urbanística Ciudad Ilíberis, cuya denuncia fue archivada, o con el proyecto de Medina Elvira Golf. Fiscalía avisa a navegantes.

Isabel Nieto cuestiona al fiscal

«Es una decisión precipitada que no está basada en pruebas». Es la valoración de la edil de Urbanismo de la capital, Isabel Nieto, sobre la denuncia de la Fiscalía contra el ex gerente de Urbanismo y J. J. Romero por presunto cohecho.

A su juicio, está llena de «inexactitudes que «dañan la imagen del Ayuntamiento» y cuyo origen es una «venganza personal». Se refería a Marsá.