El Ayuntamiento de Rivas se ha convertido esta mañana en la primera administración local de España en tramitar una solicitud de apostasía, la de Julia Antón, de 77 años, a través de su recién creada Oficina de Defensa de los Derechos y Libertades Públicas.
Preparada para comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa (ha dicho que esta mañana ha ido a la peluquería), esta mujer ha mostrado su incredulidad sobre el resultado de su petición: "me moriré siendo católica", ha opinado.
La apostasía no deja de ser otro derecho más que los ciudadanos nos vienen reclamando
Julia Antón ha sido la primera en recurrir a la ayuda municipal en la localidad Madrileña de Rivas-Vaciamadrid, para que tramite su exclusión del registro de bautizados por la Iglesia católica.
Acompañada por el alcalde y el concejal de Igualdad, Antón ha confesado a los periodistas tener "poca fe" en la efectividad que pueda tener la citada oficina, puesto que "hace muchos años" ella ya intentó sin éxito salir del registro de bautizados.
Bautizada dos veces
Antón ha explicado que de pequeña fue bautizada dos veces, la primera al nacer y la segunda, con unos 11 años, en un bautizo colectivo, vestida de falangista y amadrinada por Carmen Polo: "recuerdo que nos dieron para desayunar chocolate y un suizo y me imagino que estaría el NODO", ha dicho la vecina de Rivas.
"Fui católica porque me catequizaron en el colegio, donde estuve 8 años y rezábamos y comulgábamos todos los días y ahora que tengo esta oportunidad quiero quitármelo (el bautizo)", ha dicho Antón, que ha explicado que sus nietos ya no están bautizados, que aunque sus hijos lo están no han recibido la primera comunión y que toda su familia pasará por la oficina para apostatar.
"La apostasía no deja de ser otro derecho más que los ciudadanos nos vienen reclamando", con recogida de firmas y a través de la Asociación Laica de Rivas, ha explicado el Concejal de Igualdad, Pedro del Cura.
El servicio, aprobado en el pleno ordinario de febrero, consiste en asesoramiento legal gratuito para los ciudadanos que consideren que se han vulnerado alguno de sus derechos fundamentales o libertades públicas reconocidos en la Constitución española, en materia laboral, religiosa, de raza, de opción sexual, opinión o de género y presta asesoramiento y defensa judicial ante supuestos de racismo y xenofobia.
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