La aprobación se tuvo que realizar por mayoría absoluta, con 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones, después de que el Senado vetase esta norma el 22 de junio. La diputada popular Celia Villalobos rompió la disciplina de voto y respaldó el texto del Gobierno.
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'Con la aprobación de esta ley, nuestro país da un paso más en el camino hacia la libertad y la tolerancia', dijo el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para subrayar a continuación que la iniciativa no pretende ser ni una agresión a la institución del matrimonio ni a la familia.
José Luis Rodríguez Zapatero recordó que otros países, como Bélgica, Holanda y Canadá, han aprobado leyes similares, y expresó su total convencimiento de que detrás de España vendrán otros países que reconocerán estos mismos derechos a los homosexuales, impulsados por 'la libertad y la igualdad'.
Zapatero dijo que este 'pequeño' cambio en el Código Civil amplia las 'oportunidades de felicidad' a todos los españoles y evita que se 'humille' a compatriotas por su condición sexual. 'Hoy la sociedad les devuelve sus derechos y dignidad. Es el triunfo de la libertad y su victoria'.
POSIBLE RECURSO ANTICONSTITUCIONAL
Inmediatamente después de la aprobación de la ley, el presidente del PP, Mariano Rajoy, compareció en rueda de prensa para anunciar que su grupo parlamentario estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, y acusó a Zapatero de utilizar a los homosexuales para dividir a la sociedad.
Durante el debate parlamentario, Carmen Montón, del PSOE, defendió la necesidad de regular 'todas las fórmulas de relaciones afectivas', y afirmó que la nueva ley 'no desnaturaliza el matrimonio' 'ni va en contra de la institución religiosa'.
'El matrimonio es un derecho de todos y no puede ser un privilegio de nadie', afirmó, para advertir a continuación a la 'derecha' que su decisión de manifestarse contra esta propuesta gubernamental tan sólo ha provocado una división en la cúpula religiosa y en el PP.
'No aceptamos que impongan su moral al concepto de la familia (...). Hoy vamos a fortalecer nuestra democracia para que todas las personas tengan los mismos derechos cívicos y democráticos', añadió.
Por su parte, Ana Torme, del PP, acusó al Gobierno de impulsar esta ley para obtener 'réditos políticos' en el colectivo de los homosexuales. 'No es verdad que se intente acabar con la discriminación porque si se trataba de garantizar los derechos de los homosexuales habrían buscado fórmulas de consenso, como las que existen en Francia y Alemania', dijo.
En este sentido, recordó que la nueva ley carece de un amplio consenso político en el Parlamento y en la sociedad, cuenta con el veto del Senado, la oposición del Consejo General del Poder Judicial, de la Real Academia de Jurisprudencia, del Consejo de Estado y 'ha provocado que más de un millón de personas' se manifestaran recientemente en Madrid porque consideran que 'ataca' a la institución de la familia.
'Un Gobierno que crispa, tensiona y busca su rentabilidad política no es un buen gobierno aunque gane elecciones', agregó, para reprochar a continuación al Ejecutivo que haga 'experimentos' y 'supedite los intereses de los niños a otros'.
'En España hay una minoría que no quieren reconocer estos derechos, otra minoría, que son ustedes, que quieren esta ley y, una gran mayoría que defienden nuestra postura. Nosotros estamos en el centro y ustedes en la minoría y el radicalismo', concluyó.
Finalmente, tanto Isaura Navarro, de IU, como Margarita Uría, del PNV, afirmaron que la nueva ley permite que el matrimonio sea una institución a la que pueda acceder cualquier persona, sin que sea discriminada por su orientación sexual.
RESPUESTA DE LA IGLESIA
La Conferencia Episcopal emitió un comunicado atacando la ley y aparentemente repitió un llamamiento anterior donde pedía a los fieles que evitaran aplicar la ley.
'Es necesario oponerse a estas leyes injustas por todos los medios legítimos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos', dijo el texto.
Canadá se convirtió el martes en el tercer país que legalizó los matrimonios del mismo sexo. En Bélgica es legal desde junio de 2003. En Holanda está permitido desde 2000 aunque la ley que reconocía el registro de parejas data de 1998.
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