Dos nuevos casos de indisciplina en el Ejército: Blas Piñar y Lorenzo Fernández

En poco tiempo el Ejército se ha enfrentado a dos desafíos internos similares al que protagonizó el teniente general Mena a principio del año 2006. En esta ocasión, un general ha criticado en una carta a los mandos del Ejército y al Gobierno socialista, mientras que un comandante ha sido arrestado y destituido por criticar la Ley de la Memoria Histórica.

Encuesta

¿Deben poder opinar los militares?

53% Sí: son ciudadanos y deben poder.

10% Sí, pero no sobre el Gobierno o el Estado.

2% No lo sé.

21% No: la Ley lo recoge perfectamente.

14% No debe tolerarse por lo que representan.

Blas Piñar, hijo del golpista

El primer caso lo ha protagonizado el general Blas Piñar, hijo del histórico militar que fundó la ultraderechista Fuerza Nueva y fue uno de los firmantes del 'Manifiesto de los 100', un documento en el que un grupo de militares manifestaba su completo apoyo al fracasado golpe de estado del 23-F.

Piñar, al que ya se ha abierto un expediente, ha escrito una carta en la que critica abiertamente a sus mandos y al Gobierno socialista. Según recoge el diario El País, dice haber sido marginado por el Ejecutivo de Zapatero, que no le ha "defendido ni escuchado", ya que ni se le concedió el mando de una brigada ni la Gran Cruz del Mérito Militar.

Este militar, que está en la reserva desde el mes de enero, fue ascendido en 2004 a general de brigada y ha sido, hasta su retirada, subdirector del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército.

Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda

El segundo caso de indisciplina es el del coronel Lorenzo Fernández Navarro de los Paños, que ha sido arrestado y destituido por elaborar un informe contrario a la Ley de la Memoria Histórica.

En él dice cosas como que la ley "poco o nada tiene que ver con el reconocimiento o ampliación de derechos (...) Tampoco pretende reconciliación alguna, sino la supresión de los símbolos de 'los malos'". En su opinión, "la Segunda República no fue otra cosa que un golpe de Estado civil, cualquier vestigio de su legalidad desapareció el 11 de mayo de 1931".

Termina el informe diciendo que los oficiales del Ejército, "en el ejercicio de sus funciones y utilizando cuantas posibilidades deje la misma, deben procurar la permanencia de los símbolos que forman parte auténtica de la memoria histórica y son matriz del actual ordenamiento constitucional".

No es la primera vez que este mando del Ejército es sancionado: en 1981 cargó, pistola en mano y acompañado de dos secciones de la policía militar, contra una manifestación legal convocada para protestar por el ingreso de España en la OTAN, tal y como recoge La Voz de Galicia. En aquella ocasión detuvo a siete personas, que fueron puestas en libertad por el gobernador militar de La Coruña.