La presidenta de la asociación, Esther Antero, y la secretaria y víctima de maltrato, Sonia Franco, criticaron hoy en San Sebastián el proceso de evaluación llevado a cabo por el Departamento de Interior y la Ertzaintza para "retirar" los escoltas a las mujeres maltratadas, y que "se lleva a cabo a través de la puntuación obtenida en un test con preguntas cerradas que no dan cobertura a las diversas y múltiples situaciones que se dan en este tipo de terrorismo".
Ni siquiera se ha destinado ese servicio a otra mujer en la misma situación
Asimismo, las portavoces denunciaron que no se mantienen reuniones periódicas de las mujeres y su escolta con la Ertzaintza, y "se minimiza la importancia de los incidentes e información plasmados en los informes" entregados a la Policía Autonómica, "que no sabemos quién los lee, si es que alguien lo hace".
"Queremos una protección eficaz", sentenció Franco, quién detalló que en la actualidad son dos las mujeres que disponen de un escolta en Gipuzkoa, ya que de las cinco que disponían de esta protección, a tres de las afectadas se les retiró la vigilancia en un periodo de apenas una semana, cuando "a ninguna de ellas les ha variado la situación que en su momento les sirvió para la designación de protección".
"Ni siquiera se ha destinado ese servicio a otra mujer en la misma situación, que al menos nos consolaría, se está protegiendo a políticos, una persona que ha decidido voluntariamente ese camino", criticó.
La portavoz criticó que desde la Jefatura de la Ertzaintza en San Sebastián mantienen contacto con los agresores y "se da credibilidad a la no intención de volver a agredirnos frente a la duda que generan nuestra visión de la situación" y así "transmitir una falsa tranquilidad sobre la base de una información que no corresponde con la realidad porque, evidentemente, el agresor no va a mostrar su intención, si la tiene, de herir a la víctima".
Del mismo modo, Franco reiteró que en la mayoría de ocasiones, el departamento de Interior retira la protección a las mujeres antes de que el agresor haya cumplido la totalidad de la orden de alejamiento o judicial. "Dicen que no es cuestión de dinero pero, ¿entonces qué es? ¿Acaso merecemos menos protección que un político en campaña?", cuestionó.
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