EBay retira la subasta de votos para las generales porque podrían ser delito

La concida página de subastas por Internet, "eBay", ha retirado las subastas de votos que varios ciudadanos habían registrado en su 'web' con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo, una práctica que, según se asegura en fuentes jurídicas, podría ser considerada delito electoral de acuerdo a la legislación vigente.

El departamento de vigilancia del citado portal ha procedido a retirar los anuncios que se han venido colgando en la web desde el pasado sábado, al menos cinco, y hará mismo con los que se pudieran 'colar' hasta la celebración de los comicios.

Según informaron a Europa Press fuentes de eBay, habitualmente los 'vigilantes' de la página logran que un 75 por ciento de los productos "no permitidos" no acaben anunciándose en la página, algo que no ha ocurrido con la venta de papeletas electorales, cuyas subastas, sin embargo, ya han sido anuladas.

Varios ciudadanos habían sacado a subasta su voto en Internet con vistas a las elecciones generales del 9 de marzo, ofreciendo su apoyo a cualquier partido o ideología a cambio de dinero. Entre ellos, hay un vecino de Mieres. Su voto se cotizaba esta tarde a 10,60 euros.

La igualdad que pronostican los sondeos en las generales de marzo está siendo utilizada como justificación para esta 'venta de votos' al mejor postor. En la conocida páginas se subastas "eBay" se veían a primera hora de esta tarde hasta cinco anuncios de ciudadanos ofreciendo su papeleta.

Desde el sábado está a la venta el voto de un ciudadano de Arucas (Las Palmas de Gran Canaria), que esta tarde había recibido ya 17 pujas hasta llegar a una cotización de 64,5 euros. "Pongo a subasta mi voto en total libertad y conocimiento de lo que significa este hecho, argumenta. Total confidencialidad y anonimato al ganador del voto".

También se ofrecen a subasta los votos de dos ciudadanos de Cádiz, uno del municipio del Puerto de Santa María y otro de la capital, el cual sólo ha recibido una puja pero por el importe más elevado: 100 euros.

Ahora bien, fuentes jurídicas aseguran que este tipo de prácticas podrían suponer delito electoral, pues la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) establece en su artículo 146.1 que se castigará con la pena de arresto mayor y multa de 180 euros a 1.800 euros a "quienes por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención".

Y no sólo los compradores del voto corren el riesgo de ser acusados de ese delito electoral, sino también los ciudadanos que han sacado a subasta su voto, ya que a su vez podrían ser considerados inductores al delito, precisan las mismas fuentes.