Las mismas fuentes señalaron que es probable que la decisión sobre la imposición o no a Ferrín Calamita de esta sanción disciplinaria quede en suspenso mientras se tramita la causa penal que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Murcia por un delito de "retardo malicioso" relacionado con este mismo caso de adopción. La razón es que los procedimientos judiciales tienen preferencia sobre los de naturaleza disciplinaria, que deben esperar hasta que exista sentencia penal.
El pasado miércoles, el Pleno del CGPJ aplazó una discusión referida a este mismo juez, para decidir si debía ser suspendido en sus funciones mientras se tramitaba el procedimiento penal en la Audiencia de Murcia. Se consideró que esta decisión no era urgente, pues Ferrín Calamita se encuentra de baja psiquiátrica desde el pasado verano.
Se da la circunstancia de que el CGPJ ya acordó en julio de 2007 la incoación de un primer un expediente disciplinario contra este juez por falta grave del artículo 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por las "expresiones innecesarias" vertidas en el auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas al padre porque la madre mantenía una relación lésbica.
En el caso del retraso en el expediente de adopción, otra mujer denunció que el procedimiento de adopción de la hija de su pareja, "que para cualquier pareja heterosexual hubiera resultado rutinario, ágil y sencillo", se convirtió para ella y su cónyuge en "un vía crucis de trabas y de dilaciones absolutamente injustificadas donde el juez adopta decisiones absolutamente escandalosas, discriminatorias e inauditas".
El juez pidió informes innecesarios
Tras estudiar la denuncia, el Servicio de Inspección del CGPJ señaló en su informe que la tramitación del expediente de adopción, iniciado en mayo de 2006, se demoró, por primera vez, tras recibirse el informe favorable del Ministerio Fiscal el 21 de septiembre de ese año. En dicha ocasión, en vez de acordar la adopción, Ferrín Calamita solicitó un nuevo informe al Jefe de Servicio de Protección del Menor, que lo remitió al Juzgado el pasado 4 de junio.
Pero resulta que aquí tampoco se dictó la resolución definitiva, sino que ésta se volvió a dilatar tras pedir Ferrín Calamita una ampliación de su informe inicial a la psicóloga adscrita al Juzgado, a la que se concedió un plazo de diez días.
Transcurrido este tiempo sin que se presentara dicha ampliación, Ferrín prescindió del trámite "con la llamativa frase de que 'en el fondo es innecesario'". Después se declararon los autos conclusos para dictar resolución "cosa que tampoco se hace porque se va a plantear una cuestión de inconstitucionalidad y se deja en suspenso el dictado de la misma", según destaca el informe de la Inspección.
"Creemos que resulta cuanto menos, incongruente y sobre todo (...), dilatorio, el acordar la práctica de una diligencia que luego se califica como innecesaria", señalaba la propuesta de la Inspección, que propuso incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una falta grave de retraso injustificado. Dicho expediente se abrió el pasado 26 de septiembre, y es ahora cuando se propone la sanción concreta a imponer al juez.
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