La plataforma Salvem el Cabanyal hizo público ayer que el Ayuntamiento mandó dos escritos el pasado 5 de febrero al Supremo con el objetivo de aplazar el fallo. Sin embargo, según la contestación del Supremo, esta petición «carece de toda consistencia» y la considera «contradictoria con las manifestaciones realizadas por el propio Ayuntamiento en anteriores ocasiones».
Desde el Consistorio confirmaron ayer la solicitud de aplazamiento de la sentencia, aunque no explicaron por qué se pidió. En este sentido, el portavoz de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, cree que la corporación municipal pretendía seguir expropiando y derribando el máximo número de casas posible antes de que el fallo pudiera paralizar por completo el Pepri.
Así pues, a lo largo del día, se resolverá el recurso de queja planteado por Salvem el Cabanyal contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que en 2004 declaró legal la prolongación de Blasco Ibáñez.
De esta forma, el Supremo tiene en su mano la futura prolongación de Blasco Ibáñez, ya que, tras su decisión, sólo habrá posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que la plataforma Salvem el Cabanyal ya ha anunciado que no ejecutará.
Con esta sentencia terminan 11 años de proceso desde que el Ayuntamiento planteó prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando zonas declaradas bien de interés cultural (BIC), para las que Salvem el Cabanyal logró una paralización cautelar de los derribos previstos.
Dinos...
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Hablan los perjudicados
Emilio Tenssenciants. 74 años
«Nadie me mueve de aquí»
«Estamos ya agotados». Con esta incertidumbre que dura ya más de diez años, los vecinos de la calle San Pedro no saben aún si les derribarán sus viviendas. «Mi casa mide 90 metros cuadrados y el Ayuntamiento me la ha valorado en 30.000 euros, es una vergüenza, con ese dinero no puedo comprar nada. Además, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto varias veces conmigo para ofrecerme la posibilidad de ir a un piso, algo que también han hecho varias inmobiliarias de la zona; eso sí, pagando una hipoteca de 120.000 euros que a mis años y con mi pensión de 600 euros al mes es prácticamente imposible. La esperanza es lo último que se pierde y esperemos que se haga justicia. Si derrumban mi casa, ya pensaré lo que debo hacer, pero de momento nadie me mueve de aquí. No quiero que me quiten el trabajo de toda mi vida, mi casa. Hoy, todos los vecinos estaremos pendientes de la resolución del Tribunal Supremo. No obstante, si tengo que irme, me iré».
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