La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 90.000 euros a los tutores de un joven minusválido psíquico y físico que pasó casi dos años en prisión preventiva por un crimen que no cometió.

En 2001, Alejandro A. G. tenía 25 años (y una edad mental de un niño de tres). Fue detenido acusado de matar a golpes y mordiscos a un compañero de residencia, un centro privado para deficientes mentales en el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara (Málaga).

Ingresó en la cárcel psiquiátrica de Sevilla. Dos años más tarde fue declarado inocente por un jurado que consideró que la grave incapacidad física del joven: es casi ciego y tiene graves dificultades para andar, por lo que era imposible que hubiera cometido la agresión , según publica hoy Sur.

El camino para conseguir la indemnización

Entonces la familia de Alejandro decidió reclamar al Estado por el error judicial. La petición de indemnización de 150.000 euros fue rechazada en 2005 por el Ministerio de Justicia, que no apreció error judicial.

Recurrieron anta la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que dio la razón a la familia en septiembre de 2007. El importe de la indemnización asciende a 103.000 euros, que sus padres cobraron hace dos semanas.

La Audiencia justifica la indemnización en los daños ocasionados por la privación de libertad durante 22 meses y la pérdida de habilidades que había adquirido durante su estancia en el centro especializado de San Pedro.

El letrado de la familia, Miguel López Linares, critica que se llevara "a un chaval, con una edad mental de un niño de tres años, a declarar ante un juez, leerle sus derechos y hacerle firmar su declaración, sin que ningún adulto o un tutor lo acompañase, ni nadie de su familia fuese avisado".

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